Google ante una nueva demanda que alega que recoge datos sin permiso de los usuarios
El buscador alega que contaba con autorización
Después de que un juez de EEUU acusara la semana pasada a Google de prácticas monopolistas, otro tribunal norteamericano admite un recurso de otra demanda contra la compañía. Esta última alega que Google recoge datos sin permiso de los usuarios a través del buscador Chrome.
Un grupo de usuarios presentó una demanda contra Google, siendo desestimada por un Tribunal de California en diciembre de 2022 al considerar demostrado que habían dado su consentimiento para la recopilación de los datos. Por ello, los demandantes presentaron un recurso de alzada ante el Tribunal de Apelaciones de San Francisco. Este último ha decidido ahora reabrir el caso.
Los demandantes alegaron que «Chrome, intencionada e ilegalmente, registra y envía información personal de sus usuarios. Y lo hace independientemente de si estos eligen sincronizar o incluso tener una cuenta de Google».
Así, el navegador guarda, entre otros datos, contraseñas, páginas y pestañas abiertas…de modo que el usuario pueda usarlo en otros dispositivos.
El Tribunal de Apelaciones considera que Google recoge datos de los usuarios sin permiso Google ha alegado que los demandantes dieron su consentimiento al aceptar su política de privacidad. Concretamente la que trata sobre los «modos de inicio de sesión y sincronización» del navegador. El Tribunal de Apelaciones considera que no es así, y que Google no puede demostrar que los demandantes dieron su consentimiento expreso a la recopilación de datos.
Este proceso se suma a otro anterior interpuesto contra la compañía, por haber pagado supuestamente 26.000 millones de dólares tan solo el año pasado para que su buscador apareciera en móviles y dispositivos de grandes firmas. En este proceso el tribunal llegó a la siguiente conclusión: «Google es un monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio», aseguraba el juez en la sentencia. El Gobierno federal, de hecho, se plantea ahora la posibilidad de obligar a la compañía a dividirse.
